Saludos cordiales
Os dejo este post de Javier García Breva y recomiendo que leáis su blog.
Os dejo este post de Javier García Breva y recomiendo que leáis su blog.
El
caos de la reforma eléctrica, la lluvia de críticas al Gobierno y las
eléctricas, el compromiso de derogación por la oposición y las
reclamaciones que se están acumulando ante
el vaivén de opiniones contradictorias del Ministro de Industria y de la
Comisión Nacional de los Mercados (CNMC) llevan a la misma conclusión:
la verdad es lo contrario de lo que nos han dicho y nos siguen diciendo.
En menos de veinticuatro horas dicen que van a cambiar la metodología
de conformación de precios del mercado mayorista de la electricidad
(pool) cuando ni UNESA ni ninguno de los sucesivos gobiernos propuso
cambiarla desde que se estableció.
La ya desaparecida Comisión Nacional de
Energía (CNE) lo advirtió en todos sus informes sobre las subidas de la
luz en 2011, 2012 y 2013. El carácter inflacionista de las subastas que
fijan el precio de la luz para la tarifa de último recurso (Cesur), las
ayudas al carbón, los costes extra peninsulares, la baja demanda
eléctrica y los pagos por capacidad a las centrales de gas han sido las
principales causas de las subidas de la luz. ¿Es serio que hayan tenido
que pasar tantos años para detectar que el precio del mercado mayorista
subía antes de cada subasta para descender al día siguiente o era lo que
se quería?
La perplejidad conduce al descrédito de
las instituciones, del sector eléctrico y sus reguladores por la falta
de transparencia y hace pensar en la connivencia del poder económico y
político para confundir intereses corporativistas con el interés
general. Al día siguiente de aprobarse la nueva Ley del Sector Eléctrico
que mantenía el actual mercado mayorista y las subastas se anuncia su
modificación. Un Gobierno que se ha auto-enmendado tantas veces en esta
reforma es el paradigma de la inseguridad jurídica. Esa constatación es
lo que ha hecho cambiar muchos editoriales que han pasado del cansino
discurso contra las renovables a cuestionarse la naturaleza especulativa
y oligopolística del mercado eléctrico.
La reforma ha incrementado la
incertidumbre regulatoria y está agravando los riesgos para el futuro
por inversiones arruinadas y ahuyentadas, por aumento de los déficits
energéticos y por mayores subidas de la luz que se cargarán
exclusivamente al consumidor cautivo. Todo por no querer reconocer que
la energía autóctona que se tiene es más barata que la que no se tiene,
como demuestra la volatilidad de los precios del pool. El inmovilismo
del modelo eléctrico se ha convertido en el causante de una amplia
crisis social y una barrera para la recuperación económica.
Tanto desacierto refleja la falta de
estrategia energética a largo plazo y la ausencia de principios
económicos y jurídicos que ofrezcan transparencia y confianza al mercado
y los consumidores. En la jornada que sobre seguridad jurídica organizó La Oficina de JGB el pasado 11 de diciembre
se puso de manifiesto que una mayor competencia con mayor entrada de
renovables y de eficiencia energética en el mercado reduce los precios
de la energía y facilita al consumidor la reducción de sus costes
energéticos. Es uno de los principios de política energética
establecidos por la Comisión Europea para reducir los costes regulados.
La competencia determina los precios y la seguridad jurídica.
¿Por qué el recibo de teléfono ha bajado
en ocho años un 50% mientras el recibo de la luz ha subido un 70% más?
La mayor competencia y la facilidad para cambiar de compañía han
abaratado los precios del teléfono mientras que la concentración del
mercado eléctrico en cinco empresas y las barreras regulatorias para
abrir el mercado a nuevos competidores, a la generación distribuida,
autoconsumo y eficiencia energética han tenido un efecto alcista en los
precios de la energía.
En esa misma jornada José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo y abogado en ejercicio de LIFE abogados,
expuso como principios generales del Derecho recogidos en la
Constitución Española el derecho de los ciudadanos a ser escuchados en
la elaboración de las normas que les afectan, el deber del Estado de
garantizar la seguridad jurídica, el derecho de los ciudadanos a la
calidad del medio ambiente y la aplicación del derecho europeo. Son
principios que obligan a todos los poderes públicos.
El incumplimiento de estos principios
constitucionales definen la pésima calidad de la reforma eléctrica
porque cuando se habla ahora de “anomalías” o “circunstancias atípicas”,
en realidad, lo que se trata de ocultar es que lo normal y lo típico es
la falta de competencia y el mantenimiento de mecanismos especulativos
como garantía de los ingresos del sistema. Por eso la luz seguirá
subiendo para los consumidores a los que se les sigue negando el derecho
a ser escuchados y poder elegir su energía.
http://www.tendenciasenenergia.es
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