El mercado energético español, un modelo que permite que los mercados sigan cerrados y controlados por los oligopolios

Os dejo este art. escrito originalmente por Javier García Breva

 

 

 

 

 

 

 

Su blog es: http://www.tendenciasenenergia.es y os recomiendo su lectura y hacerse seguidor,

puesto que es un gran blog.

 

 

La Ley 3/2013 de 4 de junio, por la que se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), apenas ha suscitado debate cuando se trata de una de las leyes de mayor trascendencia para el futuro de nuestra economía. Pero lo que debería haber sido un instrumento normativo que favoreciera la libre concurrencia, la transparencia, la innovación y la tutela de los consumidores ha terminado siendo un ejemplo de intervencionismo incompatible con el libre mercado. Se ha disfrazado la competencia hasta hacerla irreconocible. Dentro de tres meses los diez miembros de la CNMC serán nombrados por real decreto del Gobierno a propuesta del Ministro de Economía y desaparecerán ocho organismos reguladores de las telecomunicaciones, del sector audiovisual, ferroviario, aeroportuario y, entre ellos, los de la energía (CNE) y la competencia (CNC).

El poder ejecutivo ha capturado todos los organismos reguladores independientes de la economía y la vigilancia de los mercados energéticos se diluye en la única voluntad del Ministro de Industria. La explicación oficial es el ahorro de costes pero la principal novedad está en las disposiciones adicionales que asignan a los ministerios las funciones, los medios y recursos que hasta ahora asumían los actuales organismos reguladores.

La disposición adicional octava determina las funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de energía, entre ellas la inspección de las instalaciones, su disponibilidad, facturación, condiciones de venta y calidad del servicio; acordar la iniciación e instrucción de expedientes sancionadores; tramitar las reclamaciones planteadas por los consumidores y realizar la liquidación de costes de transporte y distribución de energía y costes permanentes del sistema.

La disposición adicional novena establece que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo conocerá la toma de participaciones y adquisición de activos en el sector energético y será el Ministro quien podrá imponer las condiciones y obligaciones a las sociedades que participen en estas operaciones y supervisar su cumplimiento sin que los informes de la CNMC sean vinculantes. En la disposición adicional decimoquinta se crea el Consejo Consultivo de Energía pero no como órgano consultivo de la CNMC sino como órgano de consulta del propio Ministerio.

Es evidente que se desactiva así el control de los organismos reguladores independientes que vigilaban hasta ahora la competencia de los mercados energéticos y será el poder ejecutivo el único que dictará y supervisará las normas de la competencia. Es un modelo de competencia sin competidores que permite que los mercados sigan cerrados y controlados por los oligopolios. La mezcla entre los órganos que dictan y aplican las normas y los órganos que deben vigilar las condiciones de competencia es una manera de disfrazar la subordinación de la competencia de los mercados al poder político.

Es curioso observar cómo tanto el PP como el PSOE cuando estaban en la oposición han defendido con ardor la independencia de los organismos reguladores pero cuando han llegado al Gobierno su primera preocupación ha sido ocupar esos organismos con personas afines y determinar de esa manera sus decisiones. Aquí radica la motivación de esta ley y estamos asistiendo ahora a un capítulo más en esa trayectoria de puertas giratorias que ha acabado por minar el prestigio de las instituciones y el crédito de la política.

Se ha dicho que con esta ley el Gobierno trata de blindar a las grandes compañías energéticas. Si eso es así ya no sirve de nada porque desde la OPA hostil de Gas Natural a Endesa, allá por 2005 hasta hoy, el sector energético español ha cambiado de dueños y está mayoritariamente en manos árabes e italianas. Los principales socios españoles de nuestras empresas energéticas retroceden ante el avance de los grupos estatales y fondos soberanos extranjeros y ante una crisis que les obliga a vender activos y reducir su elevada deuda. El avance continúa, como acabamos de ver con el vuelco en la mayoría del accionariado del gasoducto MEDGAZ con Argelia.

Ahora será la connivencia entre los intereses políticos y los intereses de las grandes compañías lo que determine las decisiones de política energética. El derecho a la libertad de elegir seguirá siendo un derecho inaccesible y sin posible tutela y la falta de transparencia en la conformación de los precios una penalización a los consumidores finales. El modelo energético se consolidará así como un modelo cerrado a la competencia y entrada de nuevos actores, como las renovables, el ahorro de energía o el autoconsumo. Sin competencia cualquier reforma energética está llamada al fracaso. La pérdida de la independencia regulatoria y la concentración de funciones en el Ministro de Industria convierten a éste en juez y parte. Esta ley lo único que asegura es el inmovilismo de la política energética, por lo que no es difícil aventurar que los problemas seguirán creciendo por una ley que tampoco va ayudar a la reactivación económica.

 

La publicación Competencia disfrazada es contenido original de Javier García Breva.

Noticias sobre otras | Publicada por Álvaro López | 26 de agosto de 2013 de energética 21

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