Los productores españoles de energía solar fotovoltaica, agrupados en Anpier, se manifestarán en Madrid el próximo día 21 de junio frente al Ministerio de Industria, Turismo y Energía, para reclamarle al Gobierno del Partido Popular que no impida al Estado español cumplir con los compromisos que adquirió con 55.000 familias españolas, a las que animó a través de un Real Decreto y por medio de una campaña publicitaria, “El sol puede ser tuyo”, a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica.
El Estado español recomendó a sus ciudadanos que, en un escenario especulación inmobiliaria y bursátil (2004-2007), optarán por destinaran sus ahorros familiares a un fin ético, como era la generación de energías renovables, con lo cual se podrían alcanzar los compromisos internacionales de Kioto y los objetivos de la UE en materia medioambiental. Una inversión que se promocionó por el Estado como rentable, muy segura y socialmente comprometida, por lo que el propio Ministerio no dudó en recomendar que se asumieran financiaciones del 80% de coste de las instalaciones[i]. A los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, se inició un interminable rosario de decretos retroactivos que han mermado de manera alarmante las rentabilidades pactadas entre el Estado, con recortes acumulados que alcanzan el 50% de los ingresos que se garantizaban y que impiden afrontar los compromisos de pago soportados por los productores, que siguiendo las sugerencias financieras del Ministerio, se endeudaron. La sucesión de recortes retroactivos en los últimos 4 años ha sido la siguiente:
1. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RD 1565/2010, que reduce drásticamente los años con derecho prima de manera retroactiva.
2. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RDL 14/2010 y la Ley de Economía Sostenible, que reduce las horas primadas de manera retroactiva, la mayoría de las plantas alcanzan este límite en el mes de agosto.
3. Imposición de un impuesto del 7% a la producción de energía establecido por la Ley 15/2012, y que este colectivo no puede repercutir como el resto de sujetos pasivos de esta nueva carga impositiva.
4. No actualización de las retribuciones correspondientes a las tarifas reguladas y el IPC General (RDL 2/2013).
5. Nuevo marco legal del RD 9/2013 que establece una supuesta pero falaz remuneración razonable, que en la práctica supondrá la quiebra de la mayoría de las instalaciones.
6. Imposición de soportar Déficit de tarifa a las familias del sector en igualdad con los 3 grandes operadores nacionales (Ley 24/2013), en la primera liquidación correspondiente a enero los productores han percibido, en marzo, el 25,5% de la cantidad que les correspondía.
7. A estos recortes hay que añadiré los elevados costes financieros que han supuesto las sucesivas refinanciaciones con la banca, que ha ido elevando los tipos de interés y condiciones al percibir los riesgos regulatorios.
Una actividad normativa que fue acompañada de una intensa labor propagandística para legitimar ante la sociedad el atropello de los derechos de 55.000 familias y la construcción de un nuevo marco energético que sólo beneficia a unas pocas empresas, países y personas. En este escenario, se hace evidente el doble juego del Partido Popular: con un discurso claro en contra de las medidas retroactivas y en defensa de este colectivo cuando estuvo en la oposición, lo que le supuso decenas de miles de votos de este colectivo, que contrasta con las imposiciones normativas, que sin consenso territorial ni político, desmantelan al sector sin ningún miramiento con las familias productoras.
De manera intolerable, muchos son los ministros y altos cargos del actual Gobierno que han mutado radicalmente su discurso a este respecto[ii], incluso el propio Mariano Rajoy, en sede parlamentaria estando en la oposición, reprochaba al Gobierno Zapatero: “Lo que usted se propone -sería bueno que aclarara esto- es echar todo por tierra con ese proyecto de decreto de tarifas de energías renovables que limita los apoyos, crea inseguridad jurídica en las inversiones a largo plazo y amenaza con efectos retroactivos a las inversiones ya realizadas”[iii]
A juicio del Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca “El acoso que sufren las familias fotovoltaicas, solo se comprende si analizamos las motivaciones últimas y los intereses que presiden el nuevo escenario energético que nos quieren imponer: favorecer las tecnologías fósiles y la generación nuclear: peligrosas, contaminantes y controladas por un reducido grupo de empresas; y expulsar del sistema energético a las fuentes renovables, percibidas como una competencia que les priva de sus ingresos; y todo a pesar de que la fotovoltaica democratiza el acceso a la energía y de que sus bondades medioambientales, geopolíticas y económicas, son evidentes para todo aquél que no se conforme con el sesgado discurso oficial”.
Anpier ha iniciado en Barcelona, la primera de las 26 Jornadas asamblearias informativas, que están previstas en toda España[iv], para trasladar a las familias productoras la situación en la que van a quedar con el nuevo marco normativo retroactivo y las acciones de defensa social, política y jurídica que se articularán desde Anpier. Estas asambleas prevén también catalizar la gran manifestación del sector fotovoltaico español prevista para el día 21 de junio en Madrid, en la que se pretende implicar a sectores y colectivos sociales afines.
Para Martínez-Aroca “Una vez agotada la capacidad financiera de aquellos que, animados por el propio Estado, invertimos ahorros e ilusiones en la generación y producción de energía solar fotovoltaica, debemos luchar por preservar junto con nuestras instalaciones, nuestra propia dignidad como ciudadanos y como personas”.
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